¿Son eficaces las políticas contra la exclusión de género en Europa?
La ONG Surt y cinco entidades europeas advierten en un estudio de los “vacíos” en los datos que sirven de base para emprender políticas contra la exclusión de género y proponen alternativas para tener en cuenta la voz de las mujeres.
Todos los países miembros de la Unión Europea tienen en marcha Planes Nacionales para la Inclusión Social con la idea de reducir los niveles de pobreza y desigualdad. A estas políticas se suman las comunes de la UE y acciones a nivel regional y local que también incorporan las cuestiones de género. Entonces, ¿podría decirse que realmente contamos con políticas eficaces contra la exclusión de las mujeres en Europa?
Según la organización Surt, que desde hace más de diez años apoya a mujeres para su inserción sociolaboral, los actuales Planes Nacionales para la Inclusión Social tienen “deficiencias en términos de género” y no disponen de la información suficiente para saber cuál es la dimensión de la exclusión de género en Europa y, en consecuencia, para impulsar políticas efectivas.
Todas estas afirmaciones las hace Surt después de investigar, durante dos años y junto a cinco organizaciones de varios países europeos, cómo viven las mujeres los procesos de exclusión y cómo los gobiernos dan respuesta a sus necesidades. La primera conclusión es que hay “vacíos de datos en muchos ámbitos”, que no se observa con suficiente detenimiento las causas de esta exclusión y que no se escucha la opinión de las mujeres en situación de exclusión, afirma Ángela Gabàs, coordinadora del proyecto en España.
Para entender el proceso que lleva a una mujer a la pobreza, explica Gabàs, es necesario “mirar más allá de las cifras” y tener en cuenta situaciones que quizás son difíciles de contabilizar de manera objetiva pero que juegan un papel importante en la exclusión. “Se trata de tener presente la visibilidad y la posición social de la mujer en el ámbito público y en el privado, su participación en los procesos de decisión en la familia, la distribución de sus tiempos, ver cómo se reparten los recursos familiares...”
En total, el informe publicado por Surt y las otras entidades europeas propone 300 indicadores relacionados con las dimensiones económica, laboral, familiar, la educación y la salud, la vivienda, las redes sociales y la participación política. Son propuestas que utilizan como criterio principal las experiencias de las mujeres entrevistadas y que no se utilizan en las estadísticas que sirven de base para los actuales Planes Nacionales para la Inclusión Social.
Así, desde Surt proponen a los Gobiernos observar cómo se distribuye el poder y las responsabilidades en las familias, ver la autonomía de las mujeres para participar en la vida social y los efectos de las cargas familiares, contabilizar el número de mujeres que trabajan a jornada completa cobrando menos del salario mínimo o a través de la economía sumergida, saber cuántas mujeres tienen deudas acumuladas y qué porcentaje se siente estigmatizada por su situación económica...
Todos estos indicadores deberían sumarse a otros más objetivos y fáciles de obtener, como son las cifras de las mujeres bajo el umbral de la pobreza, la cantidad de guarderías públicas y de centros de atención a ancianos a los que pueden dirigirse las mujeres, las diferencias de horario de las guarderías públicas y los lugares de trabajo, y los datos del paro femenino, entre otras.
Tener más información para diseñar políticas más eficaces
Toda esta propuesta de indicadores es, según Surt, “una invitación a revisar las actuales formas de intervención para luchar contra la exclusión social”, ya que “en muchas ocasiones, las áreas de prioridad de las mujeres no coinciden con las áreas destacadas por los expertos”. “La aplicación de estos indicadores implicaría obtener información sobre muchos aspectos que hasta ahora no son tenidos en cuenta” e implicaría “poder diseñar medidas de intervención mucho más atentas a las diferencias y desigualdades de género”, señala el informe.
Incorporando todos estos indicadores se podría mejorar la calidad de las políticas actuales contra la exclusión social y realmente cumplir las prioridades políticas establecidas por la Comisión Europea, que son: aumentar la participación en el mercado de trabajo, mejorar los sistemas de protección social, acabar con las desigualdades en educación, eliminar la pobreza infantil, garantizar una vivienda digna, mejorar el acceso a servicios de calidad y garantizar la inclusión de personas con discapacidad y las personas inmigradas.
Todos los países miembros de la Unión Europea tienen en marcha Planes Nacionales para la Inclusión Social con la idea de reducir los niveles de pobreza y desigualdad. A estas políticas se suman las comunes de la UE y acciones a nivel regional y local que también incorporan las cuestiones de género. Entonces, ¿podría decirse que realmente contamos con políticas eficaces contra la exclusión de las mujeres en Europa?
Según la organización Surt, que desde hace más de diez años apoya a mujeres para su inserción sociolaboral, los actuales Planes Nacionales para la Inclusión Social tienen “deficiencias en términos de género” y no disponen de la información suficiente para saber cuál es la dimensión de la exclusión de género en Europa y, en consecuencia, para impulsar políticas efectivas.
Todas estas afirmaciones las hace Surt después de investigar, durante dos años y junto a cinco organizaciones de varios países europeos, cómo viven las mujeres los procesos de exclusión y cómo los gobiernos dan respuesta a sus necesidades. La primera conclusión es que hay “vacíos de datos en muchos ámbitos”, que no se observa con suficiente detenimiento las causas de esta exclusión y que no se escucha la opinión de las mujeres en situación de exclusión, afirma Ángela Gabàs, coordinadora del proyecto en España.
Para entender el proceso que lleva a una mujer a la pobreza, explica Gabàs, es necesario “mirar más allá de las cifras” y tener en cuenta situaciones que quizás son difíciles de contabilizar de manera objetiva pero que juegan un papel importante en la exclusión. “Se trata de tener presente la visibilidad y la posición social de la mujer en el ámbito público y en el privado, su participación en los procesos de decisión en la familia, la distribución de sus tiempos, ver cómo se reparten los recursos familiares...”
En total, el informe publicado por Surt y las otras entidades europeas propone 300 indicadores relacionados con las dimensiones económica, laboral, familiar, la educación y la salud, la vivienda, las redes sociales y la participación política. Son propuestas que utilizan como criterio principal las experiencias de las mujeres entrevistadas y que no se utilizan en las estadísticas que sirven de base para los actuales Planes Nacionales para la Inclusión Social.
Así, desde Surt proponen a los Gobiernos observar cómo se distribuye el poder y las responsabilidades en las familias, ver la autonomía de las mujeres para participar en la vida social y los efectos de las cargas familiares, contabilizar el número de mujeres que trabajan a jornada completa cobrando menos del salario mínimo o a través de la economía sumergida, saber cuántas mujeres tienen deudas acumuladas y qué porcentaje se siente estigmatizada por su situación económica...
Todos estos indicadores deberían sumarse a otros más objetivos y fáciles de obtener, como son las cifras de las mujeres bajo el umbral de la pobreza, la cantidad de guarderías públicas y de centros de atención a ancianos a los que pueden dirigirse las mujeres, las diferencias de horario de las guarderías públicas y los lugares de trabajo, y los datos del paro femenino, entre otras.
Tener más información para diseñar políticas más eficaces
Toda esta propuesta de indicadores es, según Surt, “una invitación a revisar las actuales formas de intervención para luchar contra la exclusión social”, ya que “en muchas ocasiones, las áreas de prioridad de las mujeres no coinciden con las áreas destacadas por los expertos”. “La aplicación de estos indicadores implicaría obtener información sobre muchos aspectos que hasta ahora no son tenidos en cuenta” e implicaría “poder diseñar medidas de intervención mucho más atentas a las diferencias y desigualdades de género”, señala el informe.
Incorporando todos estos indicadores se podría mejorar la calidad de las políticas actuales contra la exclusión social y realmente cumplir las prioridades políticas establecidas por la Comisión Europea, que son: aumentar la participación en el mercado de trabajo, mejorar los sistemas de protección social, acabar con las desigualdades en educación, eliminar la pobreza infantil, garantizar una vivienda digna, mejorar el acceso a servicios de calidad y garantizar la inclusión de personas con discapacidad y las personas inmigradas.
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