INFORMESSSSSSSS

 

El género y el Informe sobre Desarrollo Mundial de 1990

El Informe sobre Desarrollo Mundial de 1990, presentado por el Banco Mundial, menciona en su análisis muy poco sobre la dimensión de género. Señaló que las cifras de salud, nutrición, educación y participación de fuerza laboral demostraban que las mujeres tenían severas desventajas ante los hombres, y que se enfrentaban "a todo tipo de obstáculos culturales, sociales, legales y económicos que los hombres, aun los pobres, no enfrentan. Generalmente trabajan más horas y el salario es menor, si es que algún salario reciben". También hizo notar el gran número de hogares de madres solteras, y sostuvo que "aumentar los ingresos directos de las mujeres es un buen medio de llegar a los niños y de fortalecer el estatus de las mujeres, así como su poder de negociación dentro del hogar". Además, se refería a la predisposición de género en los servicios de extensión agrícola en los cuales muchos, si no la mayoría, de los granjeros eran mujeres. Sin embargo, aunque su discusión de las oportunidades económicas para los pobres cubría un amplio rango de temas –incluyendo infraestructura, derechos sobre la tierra, el sector informal y el cambio tecnológico– el análisis de géneros estaba confinado a un par de temas y a una breve mención del hecho de que las mujeres eran más cumplidas para pagar los préstamos recibidos.

Mayor atención se dio a los temas relacionados con el género en la sección de servicios sociales para los pobres. Estos incluían:

a) desigualdades entre los géneros en educación y alfabetismo

b) altos niveles de mortalidad materna

c) efectos negativos de una alta fertilidad en la salud de las madres.

En términos de políticas, los servicios de planificación familiar, junto con la educación y empleo de las mujeres, fueron considerados factores importantes para reducir las tasas de fertilidad. También sugirió que los cuidados sanitarios primarios dirigidos a las mujeres podrían coadyuvar a reducir la mortalidad materna. Se dio especial atención a la educación de las muchachas. Las becas para muchachas y el aumento de número de profesoras en países que tienen alto grado de discriminación de género fueron recomendados como buenos caminos para combatir la desigualdad, así como políticas de largo plazo para aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral.

El género y el Informe sobre Desarrollo Humano (HDR)

El primer Informe sobre Desarrollo Humano de 1990 apenas mencionó el tema de género. Sí hizo notar que el aumento de hogares encabezados por mujeres ha conducido a una "feminización de la pobreza", y que los problemas de la desigualdad de género eran tan relevantes en el norte como en el sur. También señaló que las mujeres "están generalmente menos calificadas que los hombres y tienden a aceptar empleos peor pagados; tienen menos oportunidades para ascender, y esto las hace menos aptas que los hombres para dar una vida digna a sus familias".

El Informe de 1995, por otro lado, se centró en la desigualdad de género para combinarse con la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres de la ONU, celebrada en Beijing. Este Informe ofreció un análisis mucho más elaborado de los temas relativos al género. Afirmó que el propósito del desarrollo era "aumentar las oportunidades del ser humano, no solamente su ingreso". También sugirió que destruir la desigualdad de género tenía muy poco que ver con el nivel del ingreso nacional y que "la pobreza tiene cara de mujer –de 1.3 miles de millones de personas en la pobreza, 70% son mujeres". Hizo notar que las causas de la "feminización de la pobreza" eran diferentes en el sur y en el norte. En el sur eran "las trágicas consecuencias del desigual acceso de la mujer a las oportunidades económicas". Sin embargo en el norte estaban ligadas a "la situación desigual en el mercado laboral, al trato que recibe la mujer bajo el sistema de bienestar social y al status de poder dentro de las familias". Los intentos hechos para estimar el trabajo no remunerado de la mujer contribuyeron a llamar la atención sobre el tamaño de sus contribuciones al crecimiento económico de sus países.

El Informe sobre Desarrollo Humano concluía que, debido a desigualdades en las estructuras de poder, la igualdad de género no podría lograrse por el libre juego de los procesos económicos y políticos. Por lo tanto, los gobiernos deberían reformar sus políticas e introducir acciones cuyo fin fuera promover la igualdad y asegurar que las mujeres tuvieran acceso a los recursos productivos .

El género y el Informe sobre Desarrollo Mundial de 2000

El Informe sobre Desarrollo Mundial del año 2000 se centró en la pobreza y ofreció una vista más compleja de los géneros que el de 1990. El género era punto importantes de la discusión en temas clave como oportunidades, potenciación y seguridad, particularmente en el de potenciación. Aquí, el informe reconocía la naturaleza institucional de la desigualdad de género y ligaba las desventajas femeninas con reglas familiares, normas de comunidad, sistemas legales y abastecimiento público. Las reglas familiares críticas que ayudaban a determinar el grado de igualdad de género fueron identificadas como:

• Reglas de herencia, que determinan la propiedad que tienen las mujeres sobre los recursos.
  
  
• Reglas de matrimonio, que determinan la autonomía doméstica de las mujeres.

Pasos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) para lograr la igualdad de género El Informe sobre Desarrollo Humano de 1995 concluyó admitiendo que la intervención de los gobiernos era necesaria para lograr la igualdad de género y ofreció una agenda de cinco puntos para acelerar el proceso que conduce a ese fin: Multiplicar los esfuerzos nacionales e internacionales con el fin de lograr la igualdad en un periodo de tiempo acordado. Modificar los acuerdos económicos e institucionales a fin de promover mayores oportunidades para mujeres y hombres en el lugar de trabajo (por ejemplo, permiso de paternidad tanto como de maternidad, horarios flexibles de trabajo, impuestos justos e incentivos de seguridad social). Que al menos 30% de los puestos que toman decisiones sea ejercido por mujeres. Programas para asegurar la educación femenina universal, una mayor salud reproductiva y mayor crédito para las mujeres. Programas nacionales e internacionales para proveer a la gente, especialmente a las mujeres, de más accesos a oportunidades económicas y políticas.

El Informe sobre Desarrollo Mundial del año 2000 pedía enfocar la pobreza desde la óptica del género y hacía notar que una mayor igualdad entre los géneros es deseable, no sólo por derecho, sino también porque "produce beneficios sociales y económicos que favorecen la reducción de la pobreza". Sin embargo, no incluía un análisis del efecto de la predisposición de género en los mercados laborales y otros. Esto indica que el Banco Mundial seguía considerando al mercado como impersonal y, por lo tanto, "neutral al género". Además, este informe no identificó que la desigualdad de género es un factor central de las causas de la pobreza y de la forma que ésta adquiere.

El Informe del Banco Mundial de 2001

El tratamiento más completo que el Banco Mundial ha dado hasta la fecha al problema del género es el Informe sobre Investigación de Políticas titulado "Engendrando el desarrollo: por medio de la igualdad de género en derechos, recursos y voz". Este informe documenta diferentes aspectos de la desigualdad de género, empleando datos provenientes del mundo en desarrollo, así como del mundo desarrollado. Al igual que el Informe sobre el Desarrollo Mundial, "Engendrando el desarrollo" hacía notar la importancia del parentesco en la construcción de la desigualdad de género. Partió de la nueva forma de pensar en la "economía de los hogares" para explorar las estructuras del poder, de los incentivos y de los recursos en el hogar (. También examinó las formas en que las creencias y los valores de los hogares y comunidades interactúan con marcos legales más amplios para reproducir la predisposición de género en las instituciones clave. Entre éstas se hallan las del Estado y las del mercado.

El informe hacía notar que los mercados laborales en todo el mundo tienen una estructura jerárquica en la cual los sectores, las ocupaciones y las actividades están separadas de acuerdo al género. Las mujeres tienden a estar poco representadas en el sector formal de los empleos mejor pagados, y sobrerepresentadas en los sectores informales y sin remuneración (particularmente si son subcontratadas; en empleos temporales, casuales o relativos al hogar). El resultado de ésto es que los ingresos de las mujeres son de 70% a 80% de los ingresos masculinos, tanto en países desarrolla­dos como en los que están en desarrollo. Sólo 20% de esta diferencia puede explicarse en términos de las variables económicas convencionales, como son logros educacionales, experiencia en el trabajo y características del empleo. El informe muestra con claridad que estas desigualdades son perpetuadas por "tabúes y prejuicios" en el mercado laboral.

El informe documenta también la forma en que la globalización está abriendo y expandiendo los mercados nacionales, y señala las ventajas y las desventajas potenciales asociadas a ella. Las ventajas dan señales de que la brecha en salarios entre los géneros está decreciendo en las industrias, tanto en el norte como en el sur. Entre las desventajas están las fallas en la legislación, para evitar la continua discriminación contra las trabajadoras, así como la exposición a las fluctuaciones de la economía global que sufren aquellas que laboran en ciertas industrias. El informe concluye diciendo que "los mercados competitivos pueden no ser la mejor forma de eliminar la discriminación de géneros, y el gobierno juega un papel preponderante en la regulación de los mercados y en el suministro de una infraestructura económica adecuada .

La conclusión de "Engendrando el desarrollo" sugiere una combinación de las estrategias de crecimiento económico pro-pobres de amplio rango promovidas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y el acercamiento al desarrollo humano basado en los derechos, adoptado por algunos miembros de la ONU y de organizaciones bilaterales de benefactores. Sin embargo:

• Se inclina más hacia las políticas basadas en el crecimiento que hacia aquellas basadas en los derechos. Considera a los derechos más en términos de regulación que de redistribución, un ejemplo puede ser la eliminación de leyes discriminatorias y la promoción de leyes que concedan mayor igualdad. Además, pone énfasis en los derechos civiles y políticos (y su parte negativa, que es "libre de"), más que en los derechos económicos y sociales (y su parte positiva, que es "libre para").
  
  
• Se ocupa de la desigualdad de género en un sentido amplio, y no presta mucha atención específica a sus ligas con la pobreza.
  
  
• Fue elaborado por la división de investigación del Banco Mundial, y no queda claro si compromete a la institución a adoptar las recomendaciones de su propio trabajo.

Cómo puede el Estado encarar la desigualdad de género "Engendrando el desarrollo" propone acciones positivas que un Estado puede tomar para reducir la discriminación de género, que causa daños a la sociedad como un todo. Puede "imponer y subsidiar, persuadir y regular, prohibir y castigar, o proveer servicios. Puede prohibir directamente un comportamiento prejuicioso, como cuando exige que las empresas contraten trabajadores por sus habilidades, no por su sexo, y sanciona o multa las violaciones". El informe propone también una estrategia de tres partes para promover la igualdad de géneros en el proceso del desarrollo: 1. Reformar las instituciones para establecer derechos y oportunidades iguales para mujeres y hombres. 2. Favorecer un acercamiento al desarrollo y al crecimiento basado en los derechos, como la manera más efectiva de reducir la disparidad de género. 3. Tomar medidas activas para rectificar desigualdades persistentes en la intervención política.

El género y las Metas de Desarrollo del Milenio

Las organizaciones internacionales trataron la pobreza y el desarrollo humano en diferentes formas durante los años noventa, y al género le dieron un tratamiento similar. Lo enfocaron principalmente en términos de los sectores sociales, centrándose en las desigualdades en el acceso a la educación, particularmente primaria. Sin embargo, el género ha tenido una participación muy limitada en las políticas económicas y en las estrategias relacionadas con la producción.

Los Objetivos Internacionales de Desarrollo (IDT), en los cuales se basaron las Metas de Desarrollo del Milenio, también encararon el género solamente en relación con las metas del desarrollo humano, y el "progreso hacia la igualdad de género y la potenciación de las mujeres" consistió en la eliminación de la disparidad de géneros en la educación primaria y secundaria. Hubo también un compromiso con los servicios de salud reproductiva y reducción de mortalidad materna –una causa muy importante de muerte de mujeres en los países más pobres– en tres cuartas partes para el 2015. Éstas son metas importantes, pero cerrar la brecha entre los géneros en indicadores de salud y educación no sólo requiere proporcionar mejores servicios, sino que también significa aumentar la acción económica de las mujeres y el valor que se dan a ellas mismas, así como el que les da su comunidad.

Las Metas de Desarrollo del Milenio son sólo un adelanto sobre los Objetivos Internacionales de Desarrollo, porque las mujeres no son todavía parte de la meta de reducción de la pobreza. En vez de eso, las mujeres continúan siendo asimiladas a las metas de desarrollo humano –en relación con educación, mortalidad materna e incidencia de VIH/Sida–. Hay, sin embargo, un buen número de nuevos e importantes temas:

• La igualdad de género es ya una meta explícita.
  
  
• Los indicadores del progreso para reducir la disparidad de géneros en educación primaria y secundaria incluyen:
  
  • La relación entre jóvenes de ambos sexos en todos los niveles de educación.
    
  • Disparidad de géneros en el alfabetismo adulto.
    
  • Porcentaje de mujeres en empleos remunerados en el sector no agrícola.
    
  • Porcentaje de mujeres ocupando escaños en los parlamentos nacionales.

Conclusión

Ha costado casi medio siglo que las metas de reducción de la pobreza e igualdad de género alcancen la prominencia que ahora tienen en las políticas principales de las organizaciones. Durante el proceso, la comprensión de la pobreza ha pasado de la identificación inicial con la pobreza del ingreso a un entendimiento multidimensional. Esto incluye tanto sus dimensiones humanas como sus causas estructurales. El entendimiento de los problemas del género ha aumentado también, aunque con mayor lentitud y en forma más dispareja. Esto es político en parte, pues la igualdad de género puede resultar amenazante para el poder y los privilegios de los diseñadores de políticas, en vez de afectar solamente a los conglomerados humanos que ellos contemplan de lejos. Pero también es conceptual en parte, y se encuentra en la naturaleza, los modelos y las metodologías de los análisis macroeconómicos de las tendencias dominantes.

El trabajo de los defensores del género y de los académicos feministas ha servido para mantener los temas de género vivos en la agenda del desarrollo en una forma u otra desde los setenta. Además, las ligas tan claras que se han identificado entre pobreza y desigualdad de género, particularmente cuando las Políticas de Ajuste Estructural (SAP) han sido impuestas, han demostrado que las políticas macroeconómicas seguirán siendo ciegas ante este problema, a menos que el pensamiento macroeconómico tome más en cuenta el análisis de género.

¿Son eficaces las políticas contra la exclusión de género en Europa?

 

La ONG Surt y cinco entidades europeas advierten en un estudio de los “vacíos” en los datos que sirven de base para emprender políticas contra la exclusión de género y proponen alternativas para tener en cuenta la voz de las mujeres.

Todos los países miembros de la Unión Europea tienen en marcha Planes Nacionales para la Inclusión Social con la idea de reducir los niveles de pobreza y desigualdad. A estas políticas se suman las comunes de la UE y acciones a nivel regional y local que también incorporan las cuestiones de género. Entonces, ¿podría decirse que realmente contamos con políticas eficaces contra la exclusión de las mujeres en Europa?

Según la organización Surt, que desde hace más de diez años apoya a mujeres para su inserción sociolaboral, los actuales Planes Nacionales para la Inclusión Social tienen “deficiencias en términos de género” y no disponen de la información suficiente para saber cuál es la dimensión de la exclusión de género en Europa y, en consecuencia, para impulsar políticas efectivas.

Todas estas afirmaciones las hace Surt después de investigar, durante dos años y junto a cinco organizaciones de varios países europeos, cómo viven las mujeres los procesos de exclusión y cómo los gobiernos dan respuesta a sus necesidades. La primera conclusión es que hay “vacíos de datos en muchos ámbitos”, que no se observa con suficiente detenimiento las causas de esta exclusión y que no se escucha la opinión de las mujeres en situación de exclusión, afirma Ángela Gabàs, coordinadora del proyecto en España.

Para entender el proceso que lleva a una mujer a la pobreza, explica Gabàs, es necesario “mirar más allá de las cifras” y tener en cuenta situaciones que quizás son difíciles de contabilizar de manera objetiva pero que juegan un papel importante en la exclusión. “Se trata de tener presente la visibilidad y la posición social de la mujer en el ámbito público y en el privado, su participación en los procesos de decisión en la familia, la distribución de sus tiempos, ver cómo se reparten los recursos familiares...”

En total, el informe publicado por Surt y las otras entidades europeas propone 300 indicadores relacionados con las dimensiones económica, laboral, familiar, la educación y la salud, la vivienda, las redes sociales y la participación política. Son propuestas que utilizan como criterio principal las experiencias de las mujeres entrevistadas y que no se utilizan en las estadísticas que sirven de base para los actuales Planes Nacionales para la Inclusión Social.

Así, desde Surt proponen a los Gobiernos observar cómo se distribuye el poder y las responsabilidades en las familias, ver la autonomía de las mujeres para participar en la vida social y los efectos de las cargas familiares, contabilizar el número de mujeres que trabajan a jornada completa cobrando menos del salario mínimo o a través de la economía sumergida, saber cuántas mujeres tienen deudas acumuladas y qué porcentaje se siente estigmatizada por su situación económica...

Todos estos indicadores deberían sumarse a otros más objetivos y fáciles de obtener, como son las cifras de las mujeres bajo el umbral de la pobreza, la cantidad de guarderías públicas y de centros de atención a ancianos a los que pueden dirigirse las mujeres, las diferencias de horario de las guarderías públicas y los lugares de trabajo, y los datos del paro femenino, entre otras.

Tener más información para diseñar políticas más eficaces

Toda esta propuesta de indicadores es, según Surt, “una invitación a revisar las actuales formas de intervención para luchar contra la exclusión social”, ya que “en muchas ocasiones, las áreas de prioridad de las mujeres no coinciden con las áreas destacadas por los expertos”. “La aplicación de estos indicadores implicaría obtener información sobre muchos aspectos que hasta ahora no son tenidos en cuenta” e implicaría “poder diseñar medidas de intervención mucho más atentas a las diferencias y desigualdades de género”, señala el informe.

Incorporando todos estos indicadores se podría mejorar la calidad de las políticas actuales contra la exclusión social y realmente cumplir las prioridades políticas establecidas por la Comisión Europea, que son: aumentar la participación en el mercado de trabajo, mejorar los sistemas de protección social, acabar con las desigualdades en educación, eliminar la pobreza infantil, garantizar una vivienda digna, mejorar el acceso a servicios de calidad y garantizar la inclusión de personas con discapacidad y las personas inmigradas.

LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA

La mayoría de los 1.500 millones de personas que viven con 1 dólar o menos al día son mujeres. Además, la brecha que separa a los hombres de las mujeres atrapados en el ciclo de la pobreza ha seguido ampliándose en el último decenio, fenómeno que ha llegado a conocerse como "la feminización de la pobreza". En todo el mundo, las mujeres ganan como promedio un poco más del 50% de lo que ganan los hombres.

Las mujeres que viven en la pobreza a menudo se ven privadas del acceso a recursos de importancia crítica, como los préstamos, la tierra y la herencia. No se recompensa ni se reconoce su trabajo. Sus necesidades en materia de atención de la salud y nutrición no son prioritarias, carecen de acceso adecuado a la educación y a los servicios de apoyo, y su participación en la adopción de decisiones en el hogar y en la comunidad es mínimo. Atrapada en el ciclo de la pobreza, la mujer carece de acceso a los recursos y los servicios para cambiar su situación.

La Plataforma de Acción aprobada por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, identificó la erradicación de la carga persistente y cada vez mayor de la pobreza que pesa sobre la mujer como una de las 12 esferas de especial preocupación que requieren la atención especial y la adopción de medidas por parte de la comunidad internacional, los gobiernos y la sociedad civil.

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas debatió la cuestión relativa a la mujer y la pobreza en su 40º período de sesiones, celebrado en 1996, y propuso la adopción de nuevas medidas por parte de los Estados Miembros de las Naciones Unidas y la comunidad internacional, incluida la incorporación de una perspectiva de género en todas las políticas y los programas orientados a la erradicación de la pobreza. Entre las conclusiones convenidas del período de sesiones había medidas encaminadas a la adopción de políticas que garantizaran que todas las mujeres tuvieran una protección económica y social adecuada durante los períodos de desempleo, enfermedad, maternidad, gestación, viudez, discapacidad y vejez; y que las mujeres, los hombres y la sociedad compartieran las responsabilidades por el cuidado de los niños y de otras personas a cargo.

La pobreza en el mundo afecta sobre todo a las mujeres

Un logro importante de la Conferencia de Beijing ha sido el reconocimiento por los gobiernos de que algunos aspectos de la pobreza están vinculados al género. Ello ha dado lugar a los esfuerzos que se realizan por reorientar las políticas de erradicación de la pobreza de manera que aborden específicamente las necesidades de la mujer, especialmente en las zonas rurales. También ha conducido a la introducción de una definición más amplia de la pobreza, en la que no sólo se toman en cuenta las necesidades básicas mínimas, sino que incluye también la denegación de oportunidades y opciones.

La inmensa mayoría de los países que han presentado informes sobre la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing se han referido a las muchas iniciativas emprendidas en esta esfera. Como ejemplo podría citarse:

• En Uganda se da por supuesto que la meta de erradicar la pobreza masiva antes del año 2017 sólo se podrá alcanzar integrando la perspectiva de género en todas las actividades del plan nacional de acción para la erradicación de la pobreza.
• El Camerún, Madagascar y el Níger han identificado a las mujeres como uno de los grupos beneficiarios en sus programas nacionales de erradicación de la pobreza.
• El Senegal ha proporcionado capacitación a los funcionarios ejecutivos de categoría superior en relación con la incorporación de una perspectiva de género en los planes sectoriales de desarrollo.
• En 1998, el Ministerio de Asuntos Sociales dedicó recursos a proyectos especiales para el fomento de las capacidades empresariales entre las mujeres.
• En su política de asistencia para el desarrollo, Dinamarca exhorta a que se incluya una perspectiva de género en todos los programas.
• Singapur ha puesto en práctica un plan para el mejoramiento de la situación de las familias poco numerosas, cuyo fin es facilitar el acceso de las familias de bajos ingresos a la educación y la vivienda.

La mujer y la mundialización

Los efectos negativos de la mundialización de la economía mundial repercuten desproporcionadamente sobre la mujer. La vinculación cada vez mayor de la economía a los mercados mundiales a menudo da lugar a una reducción de los gastos públicos y de los programas sociales, trasladando el costo a las familias, donde suelen ser las mujeres las que llevan sobre sus hombros la carga adicional.

• China ha informado de que gracias al amplio enfoque adoptado con respecto a la erradicación de la pobreza, la población pobre ha disminuido de 65 millones en 1995 a 42 millones en 1998. El 60% de las personas que se han liberado de la pobreza está integrado por mujeres.
• Zambia, como la mayoría de los países africanos, está procurando paliar los efectos negativos de los programas de ajuste estructural sobre las mujeres. Está ejecutando un programa de acción social que pagará los servicios de educación y salud que se presten a la mujer.
• El Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), establecido en México en 1997, ofrece asistencia a las mujeres pobres en las esferas del empleo, la educación, la salud y la alimentación.
• La introducción de un salario mínimo en los Estados Unidos y el Reino Unido ha beneficiado a 5,7 millones y 1,3 millones de mujeres, respectivamente.
• En Georgia, un análisis de los efectos de las inversiones macroeconómicas y las políticas tributarias sobre la mujer sirvió para formular políticas encaminadas a amortizar los efectos negativos de las transformaciones económicas sobre la mujer.
• En Alemania, un proyecto experimental de asistencia a las madres solteras sin hogar integró a esas mujeres en la sociedad y les proporcionó empleo.

La clave de los cambios

La potenciación del papel económico de la mujer es un factor de importancia crítica para liberar a millones de personas que están atrapadas en el círculo de la pobreza y el hambre. Proporcionando a la mujer acceso a las oportunidades económicas y educacionales, así como la autonomía necesaria para aprovechar esas oportunidades, se superaría un importante obstáculo que entorpece la erradicación de la pobreza.

La concesión de préstamos, especialmente micropréstamos, ha llegado a ser una estrategia muy popular que ha obtenido buenos resultados en la erradicación de la pobreza. Según el Informe sobre la pobreza, 1998 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en la actualidad los sistemas de concesión de micropréstamos benefician a unos 10 millones de mujeres en todo el mundo. A continuación figuran algunos ejemplos de lo que se ha realizado desde la celebración de la Conferencia de Beijing:

• En 1997, en los Estados Unidos se concedieron más de 10.000 préstamos, por un total de 67.000 millones de dólares, a mujeres empresarias.
• En Belice, el Banco del Pequeño Agricultor y la Pequeña Empresa concedió a mujeres el 29% de sus préstamos.
• El Japón concedió préstamos sin interés a 27.000 mujeres de las zonas rurales.
• Desde 1994, el 96% de las mujeres palestinas que participaban en proyectos agrícolas se ha beneficiado de los programas de préstamos.
• En Trinidad y Tabago, la Corporación de Fomento de la Pequeña Empresa ha concedido el 65% de sus préstamos a mujeres.
• En el Sudán, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) ha proporcionado capital inicial para el establecimiento de empresas comerciales para elevar el nivel de vida de las mujeres de bajos ingresos.
• En Viet Nam, un proyecto que ha contado con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha beneficiado a más de 60.000 mujeres de 198 comunas y 28 provincias, al concederles pequeños préstamos y proporcionarles conocimientos básicos sobre actividades en materia de generación de ingresos.

La Plataforma de Acción de Beijing también exhortó a los países a "emprender reformas legislativas y administrativas con miras a conceder a las mujeres pleno e igual acceso a los recursos económicos, incluido el derecho a la herencia y la posesión de tierras". Sin embargo, el progreso realizado en esa esfera ha sido lento. Sólo un número reducido de países --entre ellos Bolivia, Malasia, la República Unida de Tanzanía y Zimbabwe-- han modificado sus leyes para posibilitar a la mujer el acceso a la herencia de tierras.

Hogares encabezados por mujeres

Tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo se ha producido un aumento en el número de hogares encabezados por mujeres. Por lo general se asume que los hogares encabezados por mujeres que no tienen acceso a remesas provenientes de hombres que trabajan son más pobres que los hogares encabezados por hombres.

• En la Ley del presupuesto de 1998, Italia asignó 250 millones de liras con el fin de garantizar un ingreso básico a las familias pobres, la mayoría de las cuales estaban encabezadas por mujeres.
• En la República Islámica del Irán y el Japón se han asignado fondos a programas que integran los hogares encabezados por mujeres de las zonas rurales al empleo productivo.
• En Singapur se ha puesto en práctica un plan para el mejoramiento de la situación de las familias de bajos ingresos, especialmente las encabezadas por mujeres, con el fin de facilitarles el acceso a la educación y la vivienda.
• Grecia ha instituido subsidios en beneficio de los hogares que tienen a una mujer como jefe de familia.

GÉNERO

 

El concepto de pobreza no es nuevo en la historia. Ya a mediados del siglo XVI, en Inglaterra se propusieron leyes para combatirla (the English poor laws, dictadas en 1563, 1572, 1576, 1597 y 1601, en el período isabelino) por diversas razones: la primera, por las circunstancias económicas y por la presión de la población; luego, por cambios en la concepción (basada en el puritanismo y el protestantismo) de lo que los gobiernos podían y debían hacer a favor de los pobres y, por último, por la ambición política de controlar a quienes las elites consideraban súbditos "inferiores" (Dieterlen, 2003). Lo que es relativamente nuevo es la idea de que el Estado (así como los organismos internacionales y los organismos no gubernamentales) deben intervenir de manera continuada y sistemática para mejorar la situación de quienes viven en la pobreza y en la extrema pobreza. Más nueva aún es la comprobación de que las causas de la pobreza y la situación de pobreza misma son diferentes para mujeres y hombres y que, por lo tanto, se necesitan políticas y programas que consideren las diferencias de género en los procesos que originan y mantienen las situaciones de pobreza.

Los modelos explicativos y la forma de medir la pobreza también definen políticas para enfrentarla. Si se mide la pobreza en función de situaciones de carencia y por el método del ingreso, la consecuencia más frecuente es que se actúe sobre las carencias mediante transferencias de subsidios monetarios, cursos de capacitación laboral, pavimentación de calles, saneamiento, provisión de servicios en las áreas de educación y salud, otorgamiento de créditos bajo condiciones especiales, y otras medidas compensatorias de corto plazo (Raczynski, 2003). En cambio, las propuestas que se realizaron en la década de 1960 para disminuir la marginalidad consideraban la provisión de infraestructura urbana, la organización de los grupos marginales y la incorporación al mercado laboral como los mecanismos centrales que ayudarían a esta población a integrarse social y económicamente. Las políticas diseñadas en esa época para reducir la desigualdad social incluían redistribución de recursos por la vía impositiva y políticas sociales y económicas redistributivas, como la asignación diferenciada de recursos a la educación básica en salud y educación y las políticas de discriminación positiva a favor de individuos y grupos desfavorecidos (Raczynski, 2003).

En lo que se refiere a la discriminación por género y por etnia, las políticas propuestas en ambos casos apuntan a políticas afirmativas que favorezcan a las mujeres y a las etnias en situación más desmedrada y a políticas de deconstrucción cultural que tiendan a disminuir los prejuicios valorativos respecto de esos grupos (cuadro 2).

 

Conceptos y propuestas relacionados con la pobreza

 

Conceptos	Dimensiones
Marginalidad	Ampliación de servicios urbanos Organización de la población marginal Incorporación al mercado laboral
Vulnerabilidad	Apoyo focalizado para fortalecer los ingresos Promoción de nuevas fuentes de ingresos o subsidios Fortalecimiento de redes de protección individuales, familiares o sociales
Desigualdad	Redistribución de recursos Políticas sociales y económicas redistributivas Políticas de discriminación positiva Acceso a servicios institucionales
Exclusión	Creación de condiciones para una ciudadanía ampliada y para el pleno ejercicio de derechos Políticas sociales integrales Políticas de participación e integración Acceso a servicios institucionales
Discriminación de genero, de etnia y raza	Acción afirmativa Deconstrucción cultural Políticas de conciliación entre trabajo remunerado y familia

 

 

Antes de elaborar políticas sobre pobreza es importante hacer una precisión. Conviene distinguir entre, por un lado, las políticas de reducción de la pobreza, que aluden a las causas del fenómeno y a su corrección, y que se relacionan con la gestión macroeconómica, las regulaciones y las políticas institucionales para generar un desarrollo equitativo y evitar las crisis y la desigualdad y, por otro, las políticas de alivio y enfrentamiento (protección social) de la pobreza, que apuntan a disminuir el riesgo social en situaciones de crisis, es decir, buscan atenuar las consecuencias en las diversas manifestaciones de la pobreza. Entre las políticas para reducir la pobreza se pueden distinguir las orientadas a establecer derechos económicos y sociales; entre las de alivio y enfrentamiento de la pobreza se pueden incluir las de carácter compensatorio (de asistencia social) y las orientadas a proporcionar bienes y servicios sectoriales a grupos de población focalizados.

Diversos enfoques de la pobreza de género

 

La agenda de políticas públicas de los gobiernos y de los organismos internacionales muestra una gran diversidad de enfoques ante la pobreza y el género, los que han sido aplicados por separado o combinadamente a lo largo de las tres últimas décadas y se sintetizan a continuación:

• Enfoque asistencial: Incluye programas específicos para las mujeres pobres, como "grupo vulnerable". Plantea un apoyo a las mujeres teniendo en cuenta sólo sus funciones reproductivas, como esposas y amas de casa. Se aplicó de manera más generalizada en los decenios de 1970 y 1980, pero existen remanentes de él en algunos programas actuales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

• Enfoque basado en la eficiencia: Sostiene que para lograr un mayor desarrollo sería más eficiente considerar al conjunto de la población, hombres y mujeres, en tanto personas disponibles para el mercado de trabajo, o, en una versión más elitista, por el aporte económico que la incorporación de las mujeres educadas, en su calidad de recurso humano altamente calificado, puede hacer a la economía. Lo aplican el Banco Mundial, el BID, la CEPAL, la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

• Enfoque basado en la equidad: Plantea que mejorar la situación de las mujeres pobres contribuiría a la equidad, puesto que hay una incidencia mayor de pobreza en los hogares encabezados por mujeres, que las mujeres reciben salarios más bajos y que su inserción laboral es precaria y segmentada, lo cual se traduce en una mala calidad de vida y dificulta el logro de equidad. Está presente en los estudios de la CEPAL y la OIT.

• Enfoque basado en el empoderamiento, el ejercicio de la ciudadanía social y la toma de decisiones: Según este enfoque, relativamente reciente, para que los programas dirigidos a las mujeres y otros grupos (etnias, clases) sean mejores y más eficientes hay que comprometer en su elaboración y ejecución a los propios afectados, reforzando sus capacidades mediante la organización, el mejoramiento de la autoestima, el acceso a recursos materiales y el fortalecimiento de sus redes sociales, para que puedan ejercer plenamente su ciudadanía y tomar decisiones en los planos individual, familiar y social. Lo utilizan el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la CEPAL, el Instituto de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD).

 

Este último enfoque hace hincapié en la promoción de políticas para superar la pobreza que tomen en cuenta todos los factores que causan la pobreza, desde los más personales —falta de autoestima y autonomía, así como la violencia que se ejerce sobre las mujeres— hasta los de carácter social y económico, como el acceso al empleo, la salud, la educación y los servicios técnico-financieros. Para ello propone comprometer en la elaboración y ejecución de estas políticas a los propios afectados y a actores estatales, sindicales y empresariales, y asigna un importante papel a los nuevos criterios de empoderamiento y capital social.

Entre las políticas orientadas a eliminar las desigualdades basadas en el género se encuentran, a su vez, dos conjuntos importantes: las políticas de reconocimiento de las diferencias y las políticas de redistribución, entre las cuales se hallan las de igualdad de oportunidades (Fraser, 1998 y 2000). Las políticas de reconocimiento, que Fraser denomina modelo de la identidad, se refieren a las políticas de reconocimiento de identidades injustamente desvalorizadas. Las de redistribución, en cambio, buscan una transformación o reforma socioeconómica para la solución de la injusticias de género y de etnia.

Las políticas de igualdad de oportunidades se han generalizado en el plano internacional. La igualdad de oportunidades en la tradición política liberal clásica implica que todos los individuos han de tener la misma oportunidad y que las desigualdades que se producen se deben a los distintos méritos que tienen las personas. Es decir, todos han podido utilizar las mismas oportunidades, pero como son diferentes, algunos son más capaces que otros, por lo que terminan siendo desiguales. Existen, por lo tanto, desigualdades injustas que deben ser corregidas, cuando no se ha tenido en el punto de partida las mismas oportunidades, y desigualdades que sólo expresan diferencias de mérito y que son legítimas. Con el propósito de corregir las desigualdades ilegítimas se han diseñado acciones afirmativas destinadas a establecer la igualdad de oportunidades en el punto de partida (Astelarra, 2003).

Sin embargo, como la igualdad de oportunidades de inicio no produce igualdad de resultados, desde una perspectiva democrática se hace hincapié en crear las condiciones sociales para una verdadera igualdad de oportunidades. Pero aunque se partiera de una situación inicial igualitaria, la retribución desigual tendería a perpetuarse de una generación a otra mediante las "herencias" y "sesgos de género", afectando así la igualdad de condiciones y oportunidades de las mujeres.

Las políticas de reconocimiento hacen hincapié en temas relativos a la identidad que define a los grupos discriminados. Su esfuerzo se orienta a que la cultura dominante reconozca los derechos propios de esos grupos. Una de las principales críticas a este enfoque es que podría tender a estigmatizar a tales grupos, al centrarse en la mantención de una identidad que los mantiene segregados de los demás.

Según Fraser, las políticas de reconocimiento y las de redistribución no se excluyen mutuamente.

 

La interrelación de las políticas referidas a la pobreza y al género

 

Las políticas sobre la pobreza con una perspectiva de género cruzan dos grupos importantes de políticas establecidas y puestas en marcha desde hace varias décadas en América Latina: las orientadas a eliminar las desigualdades de género y las dirigidas a disminuir la pobreza.

Al cruzar estos dos grupos se obtiene un conjunto posible de políticas destinadas a reducir la pobreza de género, con orientaciones muy dispares. El despliegue de acciones, proyectos y programas diseñados para disminuir la pobreza de género origina cuatro tipos de políticas combinadas (cuadro 3).

 

Políticas contra la pobreza, con una perspectiva de género

 

Políticas contra la pobreza, con una perspectiva de género		Políticas contra la pobreza
		Derechos	Compesatorias y sectoriales / servicios
Políticas pro equidad de género	De reconocimiento	Derechos y reconocimiento cultural	De reconocimiento y compensatorias
	De redistribución e igualdad de oportunidades	Derechos y redistribución ("casillero vacio")	De redistribución y compensatorias "económicas"

 

En el conjunto posible de políticas que se han aplicado hasta el momento podemos distinguir cuatro tipos, cuyos rasgos más estilizados se indican a continuación:

• Políticas universales ciegas al género. Son las políticas que no distinguen entre hombres y mujeres. Se las aplicó en diversos sectores sociales, como la educación y el empleo, con el resultado de perpetuar las desigualdades de género.

• Políticas redistributivas y compensatorias "económicas". Este tipo de políticas se puso en marcha con sesgo más redistributivo en la década de 1960, y más compensatorio y asistencialista frente a la pobreza en el decenio de 1980. Se ha reflejado en muchos programas para las mujeres jefas de hogar que con diversos grados de éxito se han ejecutado en la región. Hacia la década de 1990, los programas dedicados a la pobreza extrema incorporaron una focalización territorial más precisa y una ejecución más descentralizada, con transferencias monetarias dirigidas principalmente a las madres, pero no han modificado la visión de las mujeres en general y de las madres en particular como personas al servicio de otros, ni se han relacionado nítidamente con las políticas sectoriales.

• Políticas de derechos y reconocimiento cultural. Son políticas más recientes —se han aplicado a partir del decenio de 1990— y tienen como objetivo que se reconozcan los derechos de los grupos excluidos, entre ellos las mujeres. Incluyen principalmente medidas legislativas orientadas a la equidad de género.

• Políticas de redistribución y de derechos económicos sociales y culturales. A este conjunto se le denomina "casillero vacío", puesto que se trata de políticas para el futuro que no han sido aplicadas en país alguno. Si bien su diseño requiere un equilibrio cuidadoso, no son incompatibles entre ellas, y necesitan voluntad y consenso políticos más vigorosos para su puesta en marcha y ejecución. En especial, estas políticas debieran brindar más autonomía y poder a las mujeres, modificando el desequilibrio de género existente y flexibilizando los roles de género con miras a acrecentar las opciones de hombres y mujeres.

En cuanto al diseño de las políticas sociales, la heterogeneidad de la pobreza obliga a elaborar políticas que sean universales y al mismo tiempo selectivas y orientadas a grupos específicos. No es el mismo tipo de pobreza el de una mujer pobre que es madre adolescente y el de una mujer viuda sin ingresos propios, así como serán diferentes sus necesidades, sus potencialidades y los programas y políticas que deberán formularse para ellas.

Si se considera la pobreza como un proceso que va más allá de una fotografía instantánea (Kabeer, 1998b), queda en claro la importancia de formular políticas heterogéneas, flexibles y adecuadas para encarar las situaciones cada vez más diversas y cambiantes por las que atraviesa la población pobre y para el tránsito continuo de la población entre etapas de bienestar, pobreza e indigencia.

Las políticas orientadas a reducir la pobreza desde una perspectiva de género, por lo tanto, consideran los recursos individuales, familiares y sociales de hombres y mujeres; toman en cuenta el uso del tiempo de ambos géneros; apoyan el fortalecimiento de las mujeres pobres que se hallan en posiciones más débiles; tienen en cuenta la subjetividad y las diferentes necesidades de hombres y mujeres; toman en consideración la dinámica de los procesos de pobreza y por consiguiente las entradas y salidas de la pobreza, y atienden a las relaciones entre diversos aspectos de esos procesos.

 

Evaluación de las políticas sobre pobreza desde una perspectiva de género

 

Una primera medida para evaluar las políticas de género es la de determinar sus fundamentos (éticos, culturales, económicos y otros) y comprobar si las formas de conceptualización, medición y aplicación no han desvirtuado sus objetivos centrales. Es válido preguntarse entonces si con la puesta en marcha de las políticas se avanza hacia la equidad de género o si se han ido gestando nuevas formas de desigualdad, y si en el proceso se afianza la autonomía o la dependencia respecto de los programas (Arriagada, I., 1998). Otro aspecto fundamental es el fomento de la participación activa de hombres y mujeres pobres en el diseño, ejecución y evaluación de los programas e intervenciones sociales que les afectan. Incorporar a la población en la toma de decisiones puede hacer más lento el proceso, pero a la larga redunda en un mayor compromiso con los programas, haciéndolos más sustentables, y en una notable mejora de la autoestima de la población.

Cabe recalcar la necesidad de efectuar una evaluación precisa de los cambios introducidos, para aprender de la experiencia pasada y reciente en el diseño de programas y proyectos sociales. Esto contribuirá a generar una política de género coherente con los objetivos iniciales planteados y a evitar que estos se desvirtúen en su ejecución. Por lo mismo, es preciso evaluar también, y de manera permanente, el impacto diferente en hombres y mujeres de las políticas sociales y económicas. Tal evaluación debe referirse a la totalidad de las políticas, ya que no ha sido ajeno a la experiencia latinoamericana que los efectos adversos de una política (por ejemplo, de una determinada política económica) deban paliarse con otras, como es el caso de los programas sociales compensatorios. Para evaluar los resultados esperados e inesperados de los programas es preciso contar con información actualizada tanto previa como posterior a las intervenciones sociales.

En especial, es necesario velar por la incorporación en la agenda pública de las políticas sobre pobreza con perspectiva de género; fortalecer la voluntad política de llevar a cabo tales políticas; ampliar la cobertura y calidad de los servicios y programas para las mujeres pobres desde una visión de género y evaluar permanentemente el grado de participación y de creciente autonomía de las personas, en especial de las mujeres que son sujeto de las políticas.

 

 

 

 

 

LA POBREZA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

 

 

La pobreza vista desde la perspectiva de género plantea que las mujeres son pobres por razones de discriminación de género. El carácter subordinado de la participación de las mujeres en la sociedad, por ejemplo, limita sus posibilidades de acceder a la propiedad y al control de los recursos económicos, sociales y políticos. Su recurso económico fundamental es el trabajo remunerado, al cual acceden en condiciones de mucha desigualdad, dada la actual división del trabajo por género en que las mujeres asumen el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos de manera casi exclusiva, y la persistencia de formas tradicionales y nuevas de discriminación para el ingreso y permanencia de las mujeres en el mercado laboral. En ningún país se logra el mismo ingreso por igual trabajo entre hombres y mujeres: la existencia de una gran segmentación ocupacional, tanto vertical como horizontal, hace que las mujeres no ocupen los mismos puestos de trabajo ni accedan a los niveles superiores de las ocupaciones a la par con los hombres. A ello se yuxtaponen visiones esencialistas que atribuyen a las mujeres características que las colocan en situación de inferioridad ante los hombres, ligando su potencial reproductivo con la atribución de las tareas reproductivas.La pobreza puede ser vista de doble manera: como privación de la posibilidad de satisfacer necesidades básicas y como privación de los medios para satisfacerlas. Las mujeres son pobres en la medida en que no cuentan con tiempo disponible para buscar las formas más apropiadas de satisfacer sus necesidades, y una proporción importante de ellas carece de ingresos propios.

Así, en el caso de las mujeres, además de medir la pobreza en términos de ingresos adquiere relevancia medir la pobreza en términos de tiempo. Para conocer la dinámica de la pobreza es preciso analizar el concepto de tiempo, sobre todo porque parte importante del trabajo de las mujeres —el trabajo doméstico— no es valorizado monetariamente, pero sí puede medirse en términos de tiempo. Diversos estudios (en especial las encuestas de uso de tiempo) han mostrado que la jornada femenina es más larga que la masculina si en ella se incluye el trabajo doméstico no remunerado que realizan todas las mujeres en sus hogares.

Asimismo, la creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo no ha significado una incorporación paralela de los hombres a las actividades domésticas y de cuidado: de los hijos, de los ancianos, de otros familiares y de los enfermos.

Por lo demás, las formas tradicionales de medición de la pobreza, que privilegian el ingreso familiar, tiempo que hacen hombres, mujeres, jóvenes, niños/as y adultos/as mayores. Para realizar esta medición se requiere un análisis dinámico de la pobreza y de las formas en que esta aumenta o disminuye a lo largo del ciclo de vida familiar.

En lo que se refiere al trabajo en el mercado laboral, existen cuatro formas de exclusión que afectan de manera más severa a las mujeres:

a) el desempleo

b) las formas precarias de inserción laboral

c) las formas de trabajo no remuneradas

d) la exclusión de las oportunidades para desarrollar sus potencialidades.

A estas formas de exclusión se agregan las desigualdades en las ocupaciones a las que acceden (segmentación ocupacional horizontal y vertical) y la discriminación salarial en el mercado del trabajo.

En síntesis, para analizar la pobreza desde una perspectiva de género hay que hacer visibles diversas relaciones de poder, como las ligadas a las exclusiones, desigualdades y discriminaciones de género en el mercado laboral, el reparto desigual del trabajo no remunerado, el ejercicio de la violencia física y simbólica en contra de la mujer y el diferente uso del tiempo de hombres y mujeres.

Trabajo y comercio justo

ELPAIS.com 12/05/2007

(Extracto de un artículo referido al día del consumo justo).

En este sentido, según la Organización Internacional del Trabajo -OIT- más de 218 millones de niños/as trabajan para que sus familias puedan subsistir. De ellos, 126 millones realizan labores peligrosas y 1.370 millones de trabajadores/as en el mundo viven con menos de 2 dólares al día. La ONU estima que el 75 por ciento de los más de 1.600 millones de personas que viven en situación de pobreza son mujeres.

Otros datos del citado informe son que el 80% de las ventas de Comercio Justo de España por Comunidades, se reparten entre 4 comunidades: Cataluña (35,5%), Madrid (20,3%), Galicia (15,5%) y Andalucía (9,3%).

¿Y si él, levantara la cabeza?

Albert Einstein, así se llamaba esa gran persona.

Si levantara la cabeza, tal vez se asustaria, como le pasaría tambien a Aristoteles, a Platón y a tantos otros. Se asustarian, por este modo de vivir, por este modo de convivir.

"El crecimiento económico es "el único camino para terminar con la pobreza masiva", dice el economista Ian Vásquez, quien sostiene que los programas tradicionales para la reducción de la pobreza o de redistribución han hecho poco para aliviar la pobreza. Vásquez escribe que cuanto más alto es el grado de libertad económica, mayor es la reducción de pobreza. Dice que una de las estrategias para la reducción de la pobreza más importantes que podría adoptar una nación es extender el sistema de protección de derechos de propiedad para incluir la propiedad de las personas pobres."

Por Ian Vásquez,